LA PRUEBA ILÍCITA EN CASO CRIMINALES Y SUS IMPLICACIONES ÉTICAS EN EL PROCESO PENAL: illicit evidence in criminal cases and its ethical implications in the criminal process

Resumen

Comprender la legalidad de la prueba en casos penales en Venezuela
contribuye a promover la transparencia, la equidad y el respeto a los
derechos humanos dentro del sistema legal del país. La jurisprudencia
del TSJ ha reiterado esta prohibición y ha establecido que las pruebas
obtenidas ilícitamente vulneran los derechos fundamentales de las
personas involucradas en el proceso penal. El TSJ ha señalado que
las pruebas ilícitas no solo deben ser excluidas del proceso, sino que
también deben ser declaradas nulas. Más allá del marco legal, el
análisis crítico sobre la licitud de la prueba ilícita en el proceso penal
venezolano también debe considerar aspectos éticos y sociales. La
confianza en el sistema judicial, el respeto a los derechos humanos y
la búsqueda de la verdad son elementos relevantes que influyen en
este debate. Defender a un acusado frente a pruebas ilícitas en
Venezuela requiere una comprensión profunda del marco legal para la
admisibilidad de pruebas y una defensa estratégica para impugnar su
uso.

ABSTRACT

Understanding the legality of evidence in criminal cases in Venezuela
contributes to promoting transparency, equity, and respect for human
rights within the country's legal system. The jurisprudence of the TSJ
has reiterated this prohibition and has established that evidence
obtained illicitly violates the fundamental rights of the people involved in
the criminal process. The TSJ has indicated that illicit evidence must
not only be excluded from the process, but must also be declared null
and void. Beyond the legal framework, the critical analysis of the
legality of illicit evidence in the Venezuelan criminal process must also
consider ethical and social aspects. Trust in the judicial system, respect
for human rights and the search for the truth are relevant elements that
influence this debate. Defending a defendant against illicit evidence in
Venezuela requires a deep understanding of the legal framework for
the admissibility of evidence and a strategic defense to challenge its
use.